Los cuatro decenios de conflicto armado de Colombia han tenido un efecto catastrófico en la población civil del país. Atrapadas entre, por un lado, las fuerzas de seguridad, que han actuado constantemente en connivencia con los grupos paramilitares y los han apoyado, y, por el otro, los grupos armados de oposición, decenas de miles de personas han sido víctimas de homicidio, “desaparición” o secuestro, y millones más se han visto desplazadas a la fuerza.
El movimiento sindical del país no sólo se ocupa de hacer campaña en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en contra de la privatización, sino que está también en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Debido a este trabajo, los sindicalistas se han convertido en blanco principal de la violencia, acusados por las fuerzas armadas o sus aliados paramilitares de actividades revolucionarias. Asimismo, los grupos armados de oposición, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han sometido a abusos contra los derechos humanos a los sindicalistas.
